La sentencia le impone también la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros o comunicarse por cualquier medio con cada una de las víctimas durante diez años, una medida de libertad vigilada de ocho años y la privación de la patria potestad. Los hechos ocurrieron a lo largo de 2016 en el domicilio que compartían el condenado, su exmujer, de la que se había divorciado dos años antes, y las dos menores, que tenían entonces 11 y 13 años y sufren una discapacidad psíquica. El Tribunal ha declarado probado que el hombre se aprovechó de esa discapacidad, de su relación de parentesco y de la “influencia y dominio” que ejercía sobre las pequeñas para someterlas a distintas prácticas sexuales. La madre …