La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado presentada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) en la que exigían 399,6 millones de euros por el retraso en la tramitación de las ayudas aprobadas para los perjudicados por este fármaco.
La queja de los recurrentes, una asociación con 280 socios, se centraba en el perjuicio o daño sufrido por la falta de diligencia de la Administración en dictar en un plazo razonable las normas reglamentarias y demás actuaciones inherentes que hacen posible percibir las ayudas. En concreto, Avite denunciaba la ausencia de desarrollo reglamentario de la Ley 6 /2018, la falta de terminación del registro de afectados, el no haber efectuado la re…