El Tribunal Constitucional fijará doctrina sobre una materia que hasta ahora no había sido abordada: la validez de las pruebas que recogen los policías infiltrados en organizaciones criminales. La clave del debate es si la información obtenida por los agentes encubiertos puede vulnerar derechos fundamentales cuando su labor no haya contado desde su puesta en marcha con control judicial. El tribunal de garantías estudia el recurso de un hombre que fue condenado a ocho años de prisión por tráfico de droga gracias a pruebas aportadas por un agente infiltrado.