El Tribunal de Cuentas aprueba un nuevo informe de fiscalización sobre los contratos de emergencia COVID-19

Esta fiscalización alcanza a las entidades adscritas al ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social en el ejercicio 2020. Los contratos adjudicados a INGESA constituyen el 97,68% del importe global de todos los expedientes de emergencia fiscalizados en este informe por una cuantía de 538 millones.
El Tribunal de Cuentas considera que todos los contratos estuvieron directa o indirectamente vinculados a la situación de excepcionalidad y que la aplicación de la tramitación de emergencia resultó ajustada a Derecho.
Además, el Pleno ha aprobado el Informe de Fiscalización de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) en los ejercicios 2018, 2019.

Madrid, 26 de mayo

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización de la contratación de emergencia celebrada durante el ejercicio 2020 en el ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Este es el tercer informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, de un total de ocho previstos, acerca de la contratación de emergencia en pandemia en distintos ámbitos del sector público. El último de estos informes aportará una visión global y comparativa. El informe relativo a la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social se aprueba tras el de las entidades locales con población de más de 300 mil habitantes y el de las autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones estatales.

Para esta fiscalización se han analizado 73 expedientes de contratos de emergencia adjudicados en el ejercicio 2020, por una cuantía global de algo más de 551 millones de euros (551.214.876,96 euros IVA, incluido), lo que representa el 94,07 % del importe total de los expedientes de emergencia tramitados en el ejercicio 2020 por la totalidad de las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la fiscalización. Los contratos adjudicados por el INGESA constituyen el 97,68 % del importe global de todos los expedientes de emergencia fiscalizados, por cuantía de 538 millones.

Los contratos gestionados por el INGESA fueron imputados en su mayor parte al crédito extraordinario de 1.000 millones de euros habilitados a este efecto en el Ministerio de Sanidad por el artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, correspondiendo, aproximadamente, la mitad de dicho crédito a contratos gestionados por el INGESA y la otra mitad por el Ministerio de Sanidad.

Como conclusiones relevantes el Informe determina que en todos los contratos fiscalizados el objeto estuvo directa o indirectamente vinculado a la adopción de medidas para hacer frente a la situación sanitaria causada por el COVID-19, constando acreditación documental suficiente en los expedientes de la concurrencia de dichas circunstancias, ajustándose a este respecto a las previsiones del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020 y del artículo 120 de la LCSP.

Además, el informe considera que la aplicación de la tramitación de emergencia de los contratos fiscalizados resultó ajustada a Derecho.  En todos existía crédito suficiente, se realizó la comunicación del inicio de actuaciones (salvo en 6 de 49), la publicidad obligatoria y se inició la ejecución del plazo de un mes desde el acuerdo de contratación de emergencia.

El informe se refiere, entre otras conclusiones, a que los expedientes examinados no dejaban constancia documental en relación con los criterios de adjudicación aplicados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. No siendo ésta una circunstancia irregular o ilegal al tratarse de contratos de emergencia, el INGESA remitió información sobre dichos criterios en el curso de la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, señalando que la selección de las empresas adjudicatarias se realizó previas consultas a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a las Secretarías de Estado de Hacienda y de Comercio, al ICEX, al Instituto de Salud Carlos III y a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Y que sólo cuando las necesidades del Sistema Nacional de Salud no pudieron ser satisfechas por esta vía, se acudió al mercado asiático siguiendo las directrices formuladas por el Ministerio de Hacienda, el ICEX y la Oficina Comercial de la Embajada de España en Pekín.

En un 22,44 % de los contratos fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, coincidentes con el inicio de la crisis sanitaria derivada del COVID 19 se produjeron distintas incidencias en la ejecución. En 4 de los expedientes fiscalizados (un 8,16 %) se acordó la resolución anticipada por incumplimiento del contrato imputable al contratista, dando lugar a las correspondientes reclamaciones, que se encuentran en curso a la fecha de aprobación del presente Informe, para la recuperación de los fondos anticipados, intereses devengados y, en su caso, daños y perjuicios producidos; en 2 expedientes (un 4,08 %) se produjeron modificaciones no previstas en los contratos (suministro de otro modelo de mascarillas pero con el mismo precio y características en un caso y suministro de otro tipo de test-Covid igualmente efectivos pero más caros); y en 5 (un 10,20 %) se produjeron retrasos en los plazos de entrega de los suministros.

Las incidencias en la ejecución producidas en estos 11 contratos podrían ser indicativas de una insuficiente verificación por parte del INGESA sobre la capacidad de producción y de suministro y, en definitiva, de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias en el inicio de la pandemia. No obstante, las adquisiciones fueron realizadas en una situación de emergencia excepcional y en el contexto de desabastecimiento global.

Gastos en material de protección para hacer frente al virus

El gasto contractual del INGESA en mascarillas FFP2, FFP3 y quirúrgicas, guantes de nitrilo y el gel hidroalcohólico, ascendió a más de 246 millones de euros (246.403.159,36 euros). No obstante, el 91,69% del importe contratado fue destinado a la adjudicación de mascarillas.

El precio medio unitario de adquisición de las mascarillas FPP2 en marzo fue de 2,62 y en abril de 1,40. El precio más elevado de mascarillas FFP2 se produjo en la adquisición de 500 mascarillas realizada el 3 de abril de 2020, cuyo precio unitario fue de 4,17 euros. Destaca, asimismo, por su volumen (56,2 millones de mascarillas FFP2) la compra realizada a un único proveedor, por un precio medio de 2,67 euros la unidad, y cuyo importe constituye el 95,14 % del total del gasto realizado en este tipo de suministro.

Respecto de la adquisición de mascarillas FFP3, el precio medio unitario fue de 4,31. Destaca el contrato de suministro adjudicado a un proveedor, el 8 de abril de 2020, tanto por el número de unidades (2,5 millones), como por el precio, que fue el más elevado del ejercicio (4,68 euros por unidad) y que representó el 88,55 % del importe total contratado en este tipo de suministro. Del análisis de los precios se desprende, con carácter general, una tendencia al alza en el precio unitario de adquisición de las mascarillas FFP3 en los meses de marzo y abril.

En relación con la compra de mascarillas quirúrgicas, el precio medio unitario fue de 0,75. Destaca el contrato celebrado el 26 de marzo de 2020, tanto por el volumen de unidades adquiridas (100 millones), como por su importe, de 37,7 millones de euros, es decir, a 0,37 la unidad.

En el análisis del precio de adquisición de los guantes de nitrilo destaca, por su volumen, el contrato de suministro adjudicado el 26 de marzo de 2020 de 100 millones de unidades por importe de 6,65 millones de euros. Los precios unitarios más elevados del ejercicio son los que se corresponden con los tres contratos en los que se adquiere un mayor número de guantes.

En relación con la adquisición de gel hidroalcohólico, el contrato más importante por el volumen de unidades adquiridas (1.015.000 unidades/envase de 600 ml y 20.000 unidades/envase de 750 ml), fue el contrato adjudicado el 19 de marzo de 2020, cuyo importe ascendió a 1,57 millones euros, por un precio medio de 1,52 euros la unidad. Asimismo, en el contrato celebrado el 26 de marzo de 2020 se registró el precio unitario más elevado (3,46 euros la unidad).

El Tribunal de Cuentas recomienda

En cuanto a las recomendaciones formuladas el informe señala que, sin perjuicio de que en los supuestos de tramitación de emergencia de contratos públicos la ley no exija la formación del correspondiente expediente administrativo, siempre que sea compatible con la atención a la emergencia que se trata de resolver, debería procurarse la formalización del contrato en un documento escrito.

Además, con la finalidad de asegurar el adecuado cumplimiento del contrato los órganos de contratación deben realizar, siempre que sea compatible con la atención inmediata de la emergencia planteada, una verificación suficiente de la capacidad y solvencia de las empresas adjudicatarias.

Salvo en los supuestos en que la emergencia fuera tal que la finalidad del contrato pudiera verse comprometida, resultaría aconsejable, como buena práctica de gestión, que los órganos de contratación soliciten ofertas de diferentes licitadores, y, en su caso, negocien los términos del contrato susceptibles de ello.

El Pleno aprueba el Informe de Fiscalización de FUNDAE

Además, el Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, FSP, ejercicios 2018 y 2019, realizado a iniciativa del propio Tribunal.

La fiscalización ha tenido como objetivos comprobar que las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019 representan adecuadamente la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de la Fundación, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su gestión económico-financiera y evaluar los sistemas y procedimientos establecidos por la Fundación, así como sus actividades, en cuanto a su racionalidad económico-financiera y su sometimiento a los principios de buena gestión, eficacia, eficiencia y economía.

Como resultado de las actuaciones de fiscalización realizadas, el Tribunal concluye que las cuentas anuales de la Fundación de los ejercicios 2018 y 2019 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera y patrimonial y los resultados de sus operaciones, y contienen la información necesaria y suficiente para su correcta interpretación y comprensión, de acuerdo con los principios, criterios y normas contables que le eran de aplicación.

No se han observado incumplimientos relevantes en materia de legalidad. No obstante, la FUNDAE no ha cumplido en su totalidad los compromisos asumidos en un convenio de colaboración que suscribió con el SEPE en 2013 en el ámbito de la formación profesional para el empleo.

Por su parte, la evaluación de la eficacia y la eficiencia de la FUNDAE se ha visto condicionada por el hecho de que la mayor parte de los objetivos explícitos definidos en los planes de actuación no eran válidos o no superaban los requisitos técnicos mínimos necesarios para medir la eficacia alcanzada, así como por la falta de indicadores válidos para medir la eficiencia. Por ello, el Tribunal de Cuentas ha optado por evaluar la eficacia y la eficiencia por métodos alternativos, consistentes básicamente en analizar la documentación disponible sobre el grado de ejecución de las actividades de la FUNDAE previstas en los planes de actuación de 2018 y 2019 y los recursos humanos y financieros utilizados en cada actividad. Como resultados más relevantes de este análisis pueden citarse los siguientes:

– La falta de definición de procedimientos de gestión en algunas funciones incrementa el riesgo de que las actuaciones desarrolladas por la FUNDAE resulten ineficientes.

– La aplicación de un plan de digitalización em 2019 mejoró la eficacia y eficiencia de la gestión de las iniciativas de formación, aun cuando se identifican en el Informe áreas en las que hay margen apreciable de mejora. La más destacable es la gestión del procedimiento de concesión de anticipos y del proceso de liquidación final de las subvenciones.

– El grado de ejecución de las actividades en materia de anticipación de necesidades formativas y reconocimiento de las competencias adquiridas ha sido insuficiente.

El Informe finaliza con seis recomendaciones dirigidas a la Fundación para la mejora de su gestión económica y la subsanación de las deficiencias detectadas en el análisis de sus sistemas y procedimientos de gestión.

Los dos Informes de Fiscalización aprobados hoy por el Pleno del Tribunal de Cuentas estarán disponibles para consulta pública en los próximos días en www.tcu.es.

 Más información:
Yolanda López
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95
yolanda.lopez@tcu.es
gabinetedeprensa@tcu.es

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