El conflictivo preso que se grapó la boca y consiguió el amparo del Constitucional

Insultos, amenazas, agresiones a otros presos, resistencia a las órdenes de los funcionarios, destrozo de mobiliario, tenencia de material prohibido, autolesiones, huelgas de hambre… El expediente penitenciario de Gustavo C. N., de 36 años, recoge decenas de sanciones desde que fuera encarcelado a finales de 2014 tras ser condenado por un robo con violencia. Habitual de los módulos más duros de las prisiones por las que ha pasado, en varias ocasiones Instituciones Penitenciarias le ha aplicado el artículo 92.2 del Reglamento Penitenciario para aislarle por su “manifiesta inadaptación” al régimen de vida carcelario.

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El interno peligroso que derogó una norma

Gustavo C. N. no es el primer recluso conflictivo que consigue el respaldo de la justicia a sus quejas. En mayo de 2020, el Ministerio del Interior se vio obligado a derogar un protocolo penitenciario puesto en marcha en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy que, entre otras medidas, obligaba a esposar por la espalda a todos los reclusos catalogados como muy peligrosos cada vez que salían de su celda, aunque fuera para ir a otra dependencia de la misma prisión. La decisión se toma después de que una juez de Vigilancia Penitenciaria dictara un auto en el que aceptaba la queja presentada por Fernando Vázquez Ayude, un preso conflictivo, que se quejaba del trato que recibía en prisión. En su escrito, la magistrada concluyó que aquel protocolo, dictado en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, era “contrario al ordenamiento jurídico español” y creaba para estos presos «un régimen de vida distinto y ajeno al contemplado en el Reglamento Penitenciario”. La norma ya había recibido antes varias críticas del Defensor del Pueblo.

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