El trato benévolo de los poderes públicos libró a Juan Carlos I de ser juzgado

Juan Carlos I, rey de España entre 1975 y 2014, evitó el banquillo por delito fiscal gracias a que los distintos gobiernos y la administración de justicia interpretaron la ley de la manera más favorable posible hacia el emérito, según admiten con distintos matices a EL PAÍS ministros de los últimos ejecutivos, magistrados y fiscales, todos ellos conocedores de las investigaciones archivadas en distintas instancias.

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Las explicaciones que nunca dio a la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado había previsto que Juan Carlos I viajara a España para dar explicaciones dentro de las diligencias preprocesales abiertas. Pero el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, encargado de la investigación, descartó esa posibilidad y se lo explicó así al periodista Ernesto Ekaizer: «No existe obligación de declarar en las diligencias que instruye el fiscal por parte del sospechoso o investigado y, por lo tanto, podría perfectamente negarse. Soy contrario a citarlo a declarar en temas como la regularización fiscal. Primero, porque creo que sabe poco de los posibles cálculos y vías que se usan para declarar menos a Hacienda. Y hay una segunda razón, y es que el emérito tendría que aguantar un circo mediático insoportable suponiendo que accediera a venir a declarar». Descartada esta vía, Juan Carlos I se salvó de dar explicaciones sobre su conducta porque no será juzgado. La fiscalía del Supremo archivó las tres diligencias abiertas con un relato de hechos que suponía un grave reproche al rey emérito pero le exoneraba por la prescripción de los delitos, por el escudo legal de la inviolabilidad y por una regularización extraordinaria ante Hacienda que dio por buena. 
«No le quito ninguna responsabilidad al rey Juan Carlos por lo ocurrido», señala un ex ministro. «Pero creo que hay otros puntos de responsabilidad que están en todos los presidentes del Gobierno sin excepción, desde Felipe González, que no tuvieron el valor de plantarse ante unos hechos, que no digo que estuviesen probados pero esos rumores corrían, para decirle al Rey: esto es gravísimo para la institución. El segundo punto de enorme responsabilidad son los jefes de la Casa del Rey porque si alguien sabía, por delante incluso del Gobierno, cuál era su nivel de vida, si cogía aviones privados o si no los cogía, si se pasaba en las islas no sé cuántos días o en Londres… eran los jefes de su Casa. Y el jefe de su Casa no estaba para encubrirle, estaba para plantarse y decirle, esto no puede ser, y advertirle de los riesgos que eso podía tener. Y no lo hicieron».

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