Luis Medina y Alberto Luceño se quedan solos

Este viernes, tras cerca de cuatro horas de intensa declaración como testigo de Elena Collado, la alto cargo del Ayuntamiento de Madrid que trató con los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, la abogada de una acusación popular lamentaba la dirección que toma la instrucción abierta por la presunta estafa. “Va todo encaminado a dejar clara la intervención de Luceño y Medina, única y exclusivamente”, resumía la letrada a la puerta del juzgado, casi dos meses después de que la Fiscalía presentase su querella contra los empresarios. En este tiempo, las nuevas pruebas recabadas han estrechado el cerco sobre el hermano del duque de Feria y su socio, pero, según el ministerio público, no se ha encontrado ningún indicio que apunte al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP), al que señala la oposición en el Ayuntamiento.

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La advertencia del juez a los comisionistas: un horizonte de hasta 23 años de cárcel

El juez Adolfo Carretero mantiene imputados a Luis Medina y Alberto Luceño por estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental —al hermano del duque de Feria le atribuye también un delito de alzamiento de bienes—. El propio magistrado, que ha mostrado una enorme contundencia contra ellos, ya les dijo que se enfrentaban a un oscuro horizonte. Según les precisó en la resolución dictada para retirarles el pasaporte y prohibirles salir del país por riesgo de fuga, Medina afronta posibles penas de hasta 23 años de prisión. Su socio, de hasta 17 años de cárcel.

Además, los dos meses de instrucción judicial han estado plagados de reveses para los empresarios. La imputación del delito de falsedad documental se ha visto reforzada. La sección española de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) envió un informe al juzgado para certificar la “falsedad” de los modelos de contrato usados por los comisionistas para presentarse como intermediarios de la empresa asiática Leno, que suministraba el material sanitario. Unos documentos que llevaron a sus bancos para justificar los ingentes ingresos que obtuvieron con las operaciones del Ayuntamiento. Según la ICC, Luceño y Medina nunca han pertenecido a este organismo y utilizaron logotipos viejos de la Cámara de Comercio.

La Fiscalía y el juez mantienen también que ambos engañaron a la Administración local, a la que ocultaron sus comisiones y ante la que se presentaron con un supuesto fin altruista. Una tesis que han respaldado los dos intermediarios que les facilitaron la entrada al Consistorio (María Díaz de la Cebosa y el primo del alcalde), que aseguraron que ellos ayudaron a Luceño y Medina porque entendieron que querían echar una mano al Ayuntamiento durante la pandemia, y que no buscaban hacer negocio.

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