Almería clama por sus infraestructuras

Que una piedra de grandes dimensiones caiga en una carretera de Almería ha dejado de ser un hecho extraordinario. Ocurre con cierta frecuencia en la carretera de El Cañarete. Pasó el pasado mes de mayo y, antes, en abril y años previos. Cada vez que la lluvia eleva el tono, caen rocas. Esta primavera la situación obligó a cerrar la vía y dejó a la autovía como único paso entre la capital y el poniente almeriense, epicentro de la agricultura intensiva. El problema es casi una nimiedad para los almerienses, acostumbrados a que las infraestructuras lleguen hasta su tierra más tarde que a ninguna otra en Andalucía. Si la autovía A-92 fue realidad una década más tarde de lo anunciado y aún tiene cuentas pendientes con la provincia, el tren de alta velocidad lleva 30 años de retraso respecto a ciudades como Sevilla o Córdoba. “El escenario no permite que podamos tener un desarrollo económico pleno. Siempre estamos a la cola de la cola gobierne quien gobierne”, cuenta José Carlos Tejada, histórico sindicalista de Comisiones Obreras que ahora ejerce de portavoz de la Mesa del Ferrocarril de Almería.

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Asentamientos chabolistas en el municipio más pobre del país

Provincia de contradicciones, Almería registra unas excelentes cifras de negocio en el sector agrícola, Níjar, municipio que concentra casi un tercio de la superficie provincial de invernaderos, es el que menor renta tiene de toda España. Sus 7.097 euros suponen casi la cuarta parte de los 26.367 de la localidad más rica, Pozuelo de Alarcón (Madrid), según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Un recorrido por el término municipal descubre además otra situación que es incongruente para las entidades sociales. Que parte de la mano de obra que impulsa la industria de la agricultura malviva en unos 60 asentamientos sin apenas agua potable y con infraviviendas levantadas a base de palés y plásticos. “Ellos son responsables también de las cifras de exportación de frutas y hortalizas que todos los años celebran los productores andaluces» y «sin embargo, continúan viviendo en condiciones de privación de derechos básicos como es la vivienda, la sanidad o un empleo digno», asegura el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales. Una situación enquistada a la que ni ayuntamientos, ni Junta de Andalucía, ni Gobierno central han dado solución, aunque este último ha anunciado recientemente un programa para buscar una solución estructural.

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