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  • La presidenta del Tribunal de Cuentas recibe la Memoria del Ministerio Fiscal 2021
    el septiembre 30, 2022 a las 5:29 am

    La presidenta del TCu, Enriqueta Chicano Jávega, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, abogan por mantener una colaboración estrecha en el marco de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Ambos han mantenido un encuentro con los miembros del Pleno entre los que se encontraba el fiscal jefe del TCu, Manuel Martín-Granizo.     Madrid, 29 de septiembre La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, ha recibido hoy de manos del fiscal general del Estado, Álvaro García, la memoria del Ministerio Fiscal relativa al ejercicio 2021, presentada recientemente.   La entrega de la Memoria ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Tribunal de Cuentas en un acto en el que han estado presentes el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, así como el resto de los miembros del Pleno.   Además, el fiscal general del Estado ha firmado el libro de honor del Tribunal de Cuentas y posteriormente ha conversado con los consejeros y consejeras de Cuentas.   Con anterioridad la presidenta del Tribunal de Cuentas y el fiscal general del Estado han mantenido un breve encuentro en el que ambos han abogado por mantener una colaboración estrecha en el marco de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.   Álvaro García tomó posesión de su cargo como fiscal general del Estado el pasado 5 de septiembre, en la sede del Tribunal Supremo.   Más información:Yolanda López Directora de ComunicaciónT. 91 592 09 95 yolanda.lopez@tcu.esgabinetedeprensa@tcu.es

  • El Tribunal de Cuentas aprueba un nuevo informe sobre contratos de emergencia COVID-19, en esta ocasión relativo a los celebrados en las Comunidades y Ciudades Autónomas sin Órgano de Control Externo propio (OCEX)e la noticia
    el septiembre 29, 2022 a las 12:38 pm

    Entre todas celebraron más de 8.800 contratos de emergencia en 2020 por valor de 576 millones de euros de los cuales 452 millones fueron destinados a la compra de material sanitario (mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, batas, gafas, pantallas protectoras, entre otros) Además, el Pleno ha aprobado un informe de fiscalización operativa del sistema de bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la jubilación durante los ejercicios 2018 y 2019. El Tribunal constata la ineficiencia del sistema de bonificaciones.   Madrid, 29 de septiembre El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo.  Se trata de las Comunidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Región de Murcia y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Esta es la quinta fiscalización específica sobre contratación de emergencia de las 7 programadas por el Tribunal de Cuentas que, además, realizará un Informe Global cuya aprobación se prevé en 2023, que pretende exponer de manera agregada los principales resultados obtenidos en el análisis de esta materia en todos los ámbitos sectoriales y territoriales. El informe aprobado por el Pleno concluye, según la información recabada por el Tribunal de Cuentas, que estas Comunidades y Ciudades Autónomas celebraron 8.855 contratos de emergencia vinculados con la pandemia ocasionada por la crisis sanitaria, por un importe total de 576 millones de euros. De este importe, 452 millones de euros correspondieron a contratos de suministro, de los cuales el 80%, 361 millones de euros, tuvieron por objeto material sanitario como mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, batas, gafas, pantallas protectoras, entre otros. Por Comunidades Autónomas, Cantabria adjudicó un total de 40 millones de euros, de los que 32 millones de euros fueron contratos de suministro. De esta cantidad, 22 millones de euros se destinaron a material sanitario y, concretamente, 5 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,50 y 0,40 euros, y el de las FFP2 entre 2,62 y 1,05 euros. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que en el momento de la fiscalización no contaba con órgano de control externo, adjudicó 241 millones de euros, de los que 220 millones de euros fueron contratos de suministro. De esta cantidad, 174 millones de euros correspondieron a material sanitario y, concretamente, 100 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,39 y 0,26 euros, y el de las FFP2 entre 2,20 y 0,80 euros. La Comunidad Autónoma de Extremadura adjudicó un total de 108 millones de euros, de los que 59 millones de euros correspondieron a contratos de suministro. De esta cantidad, 47 millones de euros fueron relativos a material sanitario y, concretamente, 10 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas fue de 0,18 euros, y el de las FFP2 osciló entre 2,38 y 1,75 euros. En el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja las adjudicaciones lo fueron por valor de 27 millones de euros, de los que 23 millones se destinaron a suministros. De esta cantidad, 21 millones de euros fueron relativos a material sanitario y, concretamente, 6 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,56 y 0,46 euros, y el de las FFP2 osciló entre 2,49 y 1,94 euros. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adjudicó un total de 147 millones de euros, de los que 116 millones de euros corresponden a contratos de suministro. De esta cantidad, 95 millones de euros fueron relativos a material sanitario y, concretamente, 24 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,78 y 0,28 euros, y el de las FFP2 osciló entre 3,75 y 0,95 euros. Por lo que respecta a las Ciudades Autónomas, Ceuta adjudicó 8 millones de euros de los cuales 2 fueron suministros. De esta cantidad, un millón de euros fue relativo a material sanitario y, concretamente, 0,5 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas fue de 0,91 euros, y el de las FFP2 fue de 3,61 euros. Melilla contrató de emergencia por valor de 5 millones destinando a suministros 1 millón de euros. De esta cantidad, 0,5 millones de euros fue relativo a material sanitario y, concretamente, 0,2 millones a mascarillas. El precio de las mascarillas homologadas reutilizables fue de 2,75 euros. Para esta fiscalización el Tribunal de Cuentas ha examinado una muestra de 421 contratos por importe de 406 millones, cifra que representa el 70% del importe total de los contratos de emergencia vinculados al COVID-19 en las CCCAA y Ciudades Autónomas objeto de examen. En la mayoría de los casos el objeto de los contratos fiscalizados estuvo directa o indirectamente vinculado a la adopción de medidas para hacer frente a la situación sanitaria causada por la pandemia, siendo bajo el número de contratos (39 de un total de 421 fiscalizados, 9% de la muestra) en el que se advirtieron incidencias en relación con la justificación. En cuanto a los límites temporales a los que se somete el inicio de la ejecución en la contratación celebrada mediante la tramitación de emergencia, se han advertido incumplimientos en un escaso número de contratos (3 % de la muestra), en los que había transcurrido más de un mes desde la declaración de emergencia hasta el inicio de su ejecución. Recuerda el Tribunal que siempre que resulte compatible con la atención a la emergencia que se trata de resolver o, en su caso, atendida la necesidad que motiva la emergencia, en el marco de las buenas prácticas, habrá de formarse expediente contractual, lo que se ha llevado a cabo en la mayoría de las ocasiones.   El Tribunal de Cuentas constata la ineficiencia del sistema de bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la jubilación El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de Fiscalización operativa sobre las bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la jubilación. El ámbito objetivo de la fiscalización han sido las bonificaciones de estas cuotas correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 que fueron reguladas en el artículo 7 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. El número de contratos convertidos en indefinidos bonificados en 2018 fue 31.326 y 34.500 en 2019 ascendiendo el importe de las bonificaciones a 12.339.523,26 en el primer ejercicio y 13.976.044,97 en 2019. En el período objeto de estudio destaca el hecho de que la gran mayoría de los contratos no han llegado a convertirse en indefinidos, siendo el porcentaje de conversiones bonificadas, únicamente, de un 18,42%. Entre sus principales conclusiones el Tribunal de Cuentas constata la inexistencia de informes o evaluación continuada de las políticas activas de empleo que avalen el actual diseño de estas bonificaciones de cuotas por conversión de contratos en indefinidos. Tampoco se cuenta con un plan estratégico, informe, memoria o documento donde se definan los indicadores, ratios, estándares u otros instrumentos para valorar la eficacia, eficiencia e impacto de estas bonificaciones en la consecución de los objetivos que se pretendía alcanzar. Además, tampoco en la tramitación de las normas correspondientes ha quedado constancia de estudio alguno que justifique cómo se determinó el importe de la bonificación para hombres (500 euros/año) y mujeres (700 euros/año), por qué se consideró dicho importe como el óptimo para alcanzar dichos objetivos y cuál es la justificación del horizonte temporal de disfrute de la bonificación (tres años). Estos aspectos han llevado a algunos agentes sociales a señalar su escepticismo sobre la utilidad de estas políticas para generar empleo. Según las pruebas realizadas durante la fiscalización para evaluar la eficacia y eficiencia de estas bonificaciones, el informe concluye que esta actuación pública es ineficiente, y tan solo relativamente eficaz. El estudio realizado para valorar el efecto de estas bonificaciones desde una perspectiva de género revela que los incentivos no solo no han conseguido el impacto esperado, ya que, en términos absolutos, se han convertido en indefinidos más contratos con hombres que con mujeres. Así, aunque en los contratos en prácticas los convertidos bonificados son porcentualmente muy similares entre ambos sexos -50,44% de contratos con mujeres y 49,56% con hombres- las diferencias se incrementan sustancialmente en el caso de los contratos de relevo y los de sustitución. Para los primeros, los contratos bonificados con mujeres representaron el 31,51% frente al 68,49% de contratos bonificados con hombres. Para los de sustitución, el porcentaje de contratos con mujeres representó el 30,12% frente al 69,88% de contratos convertidos bonificados con hombres. A la vista de los resultados del análisis realizado en la fiscalización se recomienda al Ministerio de Trabajo y Economía social que estudie el diseño de un plan estratégico sobre las bonificaciones de cuotas globalmente consideradas y que realice evaluaciones periódicas -internas y externas- con el fin de valorar la intervención pública. Asimismo, se recomienda al Servicio Público de Empleo Estatal que impulse las acciones de colaboración necesarias con la Inspección de Trabajo y con la Tesorería General de la Seguridad Social tendentes a la mejora de la eficacia de la lucha contra posibles fraudes mediante el envío de la información y documentación necesaria sobre los contratos y los criterios de gestión y control. Los informes de fiscalización aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas estarán disponibles para consulta pública en los próximos días en www.tcu.es   Yolanda LópezDirectora de ComunicaciónT. 91 592 09 95yolanda.lopez@tcu.esgabinetedeprensa@tcu.es

  • SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2022
    el septiembre 23, 2022 a las 12:28 pm

    PRESIDENCIA: Jueves 29 de septiembre de 2022, a la 13:00h. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, recibe la visita del Fiscal General del Estado Excmo. Sr. D. Álvaro García Ortiz. PLENO: Jueves 29 de septiembre de 2022, a las 9.30h Reunión del Pleno del Tribunal de Cuentas SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO: Vistas DEPARTAMENTO PRIMERO Día 28 de septiembre de 2022, a las 10:30 h. Procedimiento de Reintegro nº 34/20; Sector Público Local (Ayuntamiento de Ambite); Madrid. JUICIO ORDINARIO. DEPARTAMENTO TERCERO Día 27 de septiembre de 2022, a las 10 h. Procedimiento de Reintegro nº 166/21; Sector Público Local (Ayuntamiento de Canyelles); Barcelona. AUDIENCIA PREVIA. Día 27 de septiembre de 2022, a las 12 h. Procedimiento de Reintegro nº 197/21; Sector Público Local (Ayuntamiento de Marracos); Zaragoza. JUICIO ORDINARIO.  RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES: Día 26 de septiembre de 2022, a las 10:00h. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, recibe la visita institucional de la Delegación de la Agencia de Responsabilidad Financiera de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia al Tribunal de Cuentas en la Sala de Plenos.  

  • EUROSAI celebra su 57 Comité Directivo en Lisboa
    el septiembre 23, 2022 a las 10:57 am

    La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, participa en calidad de secretaria general de EUROSAI cuya presidencia trianual ostenta Miloslav Kala, presidente de la Entidad Fiscalizadora Superior de la República Checa. A la reunión han asistido 42 representantes de las Entidades Superiores Fiscalizadoras de 15 países europeos, además de Brasil que ostentará la futura presidencia de INTOSAI. En el encuentro se ha debatido sobre la Declaración Extraordinaria que el anterior Comité Directivo de EUROSAI adoptó en marzo sobre sus relaciones con las EFS de Rusia y de Bielorrusia a raíz del conflicto en Ucrania.   Lisboa, 22 de septiembre El Comité Directivo de EUROSAI ha mantenido su reunión anual durante dos días en Lisboa donde se han informado sobre el grado de ejecución del Plan Estratégico de la organización. Al encuentro ha asistido la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, en calidad de secretaria general de EUROSAI. La organización está actualmente presidida por la Entidad Fiscalizadora Superior de la República Checa. A la reunión han asistido 42 participantes de 15 países europeos de los 51 que forman EUROSAI, además de representantes de Brasil, que ostentará a partir de noviembre la presidencia de INTOSAI, que es la organización internacional que aglutina EFS de todo el mundo. El Comité Directivo está compuesto por 8 países, asistiendo los demás en calidad de invitados y observadores. El Comité ha tomado nota de la buena marcha de los trabajos relacionados con el Plan Estratégico. Además, se han aprobado las directrices que guiarán la participación de EUROSAI en el próximo congreso de INTOSAI (INCOSAI) que tendrá lugar en Rio de Janeiro en las próximas semanas. Durante el encuentro, los 8 miembros han debatido sobre cómo implementar la Declaración que el anterior Comité Directivo de EUROSAI, de carácter extraordinario, adoptó en marzo sobre sus relaciones con las EFS de Rusia y de Bielorrusia a raíz del conflicto en Ucrania. La presidenta del Tribunal de Cuentas y secretaria general de EUROSAI, Enriqueta Chicano Jávega, ha tenido una participación destacada con la presentación de los informes de actividad de la secretaria de EUROSAI, condición que ostenta de forma permanente España. La presidenta, única mujer titular de una EFS entre los asistentes, ha podido también intercambiar impresiones de forma presencial con sus homólogos europeos Más información: Yolanda López Directora de Comunicación T. 91 592 09 95 yolanda.lopez@tcu.es gabinetedeprensa@tcu.es  

  • El Pleno del Tribunal de Cuentas sanciona a la formación Nueva Canarias
    el septiembre 16, 2022 a las 11:32 am

    Madrid, 16 de septiembre El Pleno del Tribunal de Cuentas acordó ayer imponer a la formación política Nueva Canarias una sanción por infracción muy grave prevista en el artículo 17. Dos c) de la Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos, consistente en el incumplimiento durante dos ejercicios consecutivos de la obligación de presentar las cuentas anuales en el plazo previsto en el artículo 14. Seis de la mencionada Ley Orgánica, en concreto, las relativas a los ejercicios 2018 y 2019. La resolución adoptada por el Pleno de la Institución es susceptible de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18. Nueve de la citada Ley.   Más información: Yolanda López Directora de Comunicación T. 91 592 09 95 yolanda.lopez@tcu.es gabinetedeprensa@tcu.es  

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La interpretación jurídica, y, sobre todo, la aplicación a su caso, debería ser encomendada a los abogados.

El origen de estas noticias es el «Tribunal de Cuentas».